La misma “ordena a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que en modo inmediato y sin dilación alguna, a partir del momento en que sean notificados, abandonen el interior de los edificios en los que se encuentren y en los que funcionen organismos gubernamentales y a los que los nombrados hayan ingresado a fin de efectuar acciones de protesta, retirando asimismo las carpas y demás elementos que de algún modo obstruyan u obstaculicen la libre circulación por el sitio o el ingreso y egreso de las propiedades que existan en las adyacencias a los lugares en los que ejerzan la protesta".
Además, Uriarte sostiene que "aún a pesar de la orden judicial mencionada, el gremio continúa ocupando de manera ilegítima el inmueble donde funciona el Ministerio de Educación y Derechos Humanos”.
El escrito agrega que "dicha ocupación ilegítima data del martes 4 de noviembre de 2014, por lo que desde esa fecha la Cartera Ministerial que represento se ha visto imposibilitada de cumplir con sus misiones y funciones, ya que gran parte de la documentación y de los instrumentos de trabajo se encuentran en el citado edificio".